Siete días después del desplome de un edificio en construcción ilegal en Cartagena que dejó como saldo 21 personas muertas, lo único que está claro es que poco está claro. La peor tragedia de ese tipo ocurrida en la ciudad puede terminar siendo un golpe contundente para la ya criticada administración del alcalde Manolo Duque Vásquez, a quien su inexperiencia y compañías tenían en una mala racha desde el año pasado.

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Aunque en general el mandatario ha salido más a pedir explicaciones que a darlas, sobre todo destacando la evidente responsabilidad de los constructores ilegales, una movida suya hace algunos meses evidencia que tuvo interés en poner a una persona a quien relacionan con su hermano de crianza, el empresario experto en licitaciones José Julián Vásquez, a vigilar las construcciones urbanas.

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Manolo Duque es el máximo jefe de los encargados de controlar las obras de la ciudad, pero para muchos estos días ha actuado más como el periodista que fue que como el mandatario que es. Lo dicen por salidas suyas como haber informado primero que el edificio colapsado tenía licencia y al poco tiempo desmentirlo.

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También, por trinar que los curadores iban a “explicar lo sucedido”, cuando éstos legalmente lo que hacen es estudiar la viabilidad o no de entregar un permiso a un proyecto ubanístico, pero no controlan y vigilan, como sí deben hacerlo: la Secretaría de Planeación y su oficina de control urbano y las alcaldías locales.

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Precisamente, ayer la secretaria de Planeación (Luz Elena Paternina) y el jefe de Control Urbano (Olimpo Vergara) se fueron del Gobierno, pero no porque los hayan sacado, sino porque decidieron renunciar. Son las primeras cabezas que ruedan en la Administración por cuenta de una desgracia en la que todos los muertos eran sencillos trabajadores.

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Poco después, el procurador general Fernando Carrillo anunció que ejercerá el poder preferente para llevarse a Bogotá la investigación que abrió por el caso, incluyendo una indagación a las actuaciones del Alcalde: “Consideramos que no hay garantías en Cartagena para tomar una decisión”. Eso lo informó en una audiencia en la que además dijo que el Ministerio Público defenderá jurídicamente a los sobrevivientes y familiares de los fallecidos.

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También ayer, El Universal publicó una entrevista en la que una de las supuestas dueñas del edificio que llegó a tener seis pisos cuando en la zona en la que estaba el POT sólo permite edificaciones de hasta cuatro pisos, niega tener participación en ese negocio pero reconoce que uno de sus hermanos sí tiene que ver.

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Se trata de María Quiroz, quien le pidió públicamente a su hermano Wilfran Quiroz, hasta ahora desaparecido del mapa, que se entregue y responda. Más allá de la clara incumbencia de los constructores ilegales (llamados Constructora & Quiroz, según reportes de medios) cuyas actuaciones enlutaron al barrio Blas de Lezo y a La Heroica entera, en la Alcaldía hay una cadena de responsabilidades políticas que arrancan con Manolo, quien el año pasado tomó unas particulares decisiones sobre el tema del control urbano en Cartagena.

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Tomado de: La silla Vacía, ampliar en La silla caribe.